El "delito" de luchar por el ambiente

(Invitado: Diego Molina)

“A ellos no les importa ganar o perder las demandas, el tema es callar”, reiteran los demandados. Su delito: luchar por la conservación del medio ambiente.

Tres abogados, dos líderes comunales y un comunicador son una pequeña muestra de las muchas personas que han sido demandadas o reprimidas por combatir intereses de empresas y funcionarios públicos que tratan de lucrar provocando daños ambientales o eludiendo procesos legales que entorpezcan sus objetivos. Estos seis demandados compartieron sus experiencias en el foro “Criminalización de la protesta socio-ambiental”, llevado a cabo en la Universidad de Costa Rica

Edgardo Araya, uno de los abogados que se trajeron abajo en Tribunales la concesión dada a Industrias Infinito para extraer oro en Crucitas de San Carlos, considera que la criminalización de la protesta es una “forma de amedrentar, de callar la denuncia”.

A él lo acusaron de difamación y calumnia por declaraciones dadas a la prensa sobre la empresa minera, al igual que a otros dos expositores del foro y también abogados: Nicolás Boeglín y Jorge Lobo. Si bien a ellos las demandas no los intimidan por su experiencia legal, a “un dirigente comunal que le llegue una notificación de demanda por 200 millones de colones se le cae la vida”, en palabras de Edgardo Araya.

Así lo confirman los testimonios de Oto Méndez y Erling Rojas. Al primero lo demandaron por denunciar a un consorcio turístico, que prefirió no nombrar, por contaminar el río Arenal y su caso está por comenzar en diciembre. Por su parte, a Erling Rojas lo demandaron por decir que la empresa Cementos David ha comprado voluntades en el poblado de San Rafael de Ojo de Agua regalando latas de zinc y pinturas. Por ello fue condenado a descontar 50 días de multa, sentencia que se encuentra en Casación. Ambas demandas fueron llevadas a cabo por parte del renombrado penalista y posible aspirante a la presidencia de la República Juan Diego Castro.

Una manera específica de represión. Para el comentarista del foro Héctor Monestel, del Consejo Universitario de la UCR, la represión a la protesta social consiste en un modelo de “represión preventiva”, que obedece más a una posición política que penal.

Este fenómeno se ha venido dando en el país tras la reforma al Código Penal del 2002, dada tras la lucha contra el combo del ICE, la cual pasó varias contravenciones al rango de delitos de cárcel, como lo son el delito de obstrucción (de la vía pública) y de resistencia (a la autoridad).

Más preocupante es el “delito de muchedumbres”, que según Monestel se ha venido utilizando recientemente en casos como el de un grupo de 24 personas que fueron detenidas en Limón en abril del 2010 por protestar contra la privatización de los muelles. El delito de muchedumbres se utiliza para evitar el deber legal de individualizar y probar las denuncias, lo cual se presta para arbitrariedades.

Para los participantes del foro, organizado por el programa Kioscos Socio-Ambientales de la UCR, las diferentes formas de criminalización consisten en una nueva política del miedo, donde no importan los argumentos, sino la intimidación.

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